Línea de tiempo

El crecimiento de la población se mantuvo por la disminución de la tasa de mortalidad, y por la mejora de la alimentación, los adelantos económicos, y los avances médico-sanitarios (aunque las epidemias de cólera de 1833, 1854 y 1859 provocaron la muerte de 350.000 personas). Las tasas medias de mortalidad y natalidad aproximadas para este periodo fueron respectivamente del 30 y 37%.

En los medios urbanos vivían las clases medias, un grupo heterogéneo, compuesto por empleados públicos, suboficiales y oficiales del Ejército, abogados, médicos, veterinarios, profesores, tenderos, artesanos y pequeños fabricantes propietarios de modestas empresas familiares.

En aquella época, los empleados públicos recibían unos salarios muy bajos, soportaban una situación de enorme inseguridad en su puesto de trabajo y dependían de los imprevisibles cambios de gobernantes, de manera que la llegada de un nuevo partido al poder siempre provocaba la pérdida de su empleo para miles de trabajadores —los llamados cesantes— en ministerios y ayuntamientos.

En los medios urbanos también vivían los obreros industriales asalariados —aproximadamente 50.000 hacia 1860—, los empleados del servicio doméstico —los sirvientes eran mucho más numerosos y superaban la cifra de 800.000— y una multitud de mendigos y vagabundos. Este sector de los marginados suponía casi el 10% de la población total y sobrevivía gracias a la beneficencia.

Muchos de los centros asistenciales de caridad donde se prestaba atención gratuita a los más necesitados (asilos para recoger ancianos desvalidos, inclusas y hospicios para huérfanos o niños abandonados, comedores para pobres, albergues, hospitales para inválidos, casas de misericordia, reformatorios, manicomios y maternidades para muchachas sin recursos) eran mantenidos y administrados por el clero, que exigía a los pobres la asistencia obligatoria a las misas dominicales, la comunión, la participación en oraciones colectivas o el certificado bautismal como condición para recibir las ayudas.

En 1849 el gobierno moderado aprobó una normativa para reprimir la mendicidad que tipificaba la vagancia como delito. De todas formas, todavía era fácil ver por las calles a las “aguadoras” o a los llamados “sustancieros”, que se ganaban la vida llevando por las casas un hueso y dejándolo cocer durante algunos minutos para hacer caldo de sopa.  La dieta básica cotidiana de la mayoría de la población ofrecida en las modestas casas de comidas se componía de pan, legumbres, tocino, patatas, cebolla y vino.

Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores manuales comprendían salarios bajos, empleos siempre inseguros y jornadas laborales de catorce horas diarias —siete días a la semana, sin vacaciones ni días festivos— en locales insalubres, pequeños, húmedos y mal iluminados.

Además, los obreros asalariados estaban desprotegidos y carecían de atención sanitaria gratuita, de seguros de accidentes y de pensiones por jubilación para los más ancianos. Cuando un obrero sufría un accidente o enfermaba dejaba de trabajar y de cobrar, con lo cual no podía pagar ni el médico ni las medicinas, ni tampoco su ingreso en un hospital.

Las familias más pobres habitaban en barrios marginales, amontonadas en viviendas miserables, húmedas, oscuras y carentes de condiciones higiénicas, sin retretes ni agua corriente. La desnutrición, el alcoholismo y otras enfermedades como el raquitismo y la tuberculosis se extendían entre ellos, incluso los menores de diez años —que no iban a la escuela— se veían obligados a trabajar para contribuir a la supervivencia familiar. Estos pequeños obreros infantiles estaban empleados en minas, arrastrando pesadas vagonetas, y en factorías, recibían sueldos mucho más bajos que los adultos y eran sometidos con frecuencia a castigos físicos.

El campesinado siguió siendo el mayor grupo de población, ya que la agricultura y la cría de ganado lanar y vacuno constituían las actividades económicas dominantes. Las labores del campo en los núcleos rurales eran compartidas por hombres, mujeres y niños de corta edad. Los cultivos principales eran el centeno, la cebada, el trigo, la avena, la vis, los olivos, las hortalizas, y las plantas forrajeras.

A mediados del siglo XIX, el Estado destinaba un 33% de sus gastos totales a costear el mantenimiento del Ejército, un 25% al pago de los intereses de la deuda, un 15% a la realización de obras públicas, un 8% para la subvención del clero, un 7% al pago de los salarios de los empleados públicos, un 2% para la familia real y un 1,5% a la educación. Entonces apenas existían fastos estatales en asistencia y protección social —por ejemplo, no había pensiones de jubilación, ni subsidios a desempleados, ni atención médica gratuita para la población—.

Entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX España vivió un proceso de transformación económica, social, política, demográfica y cultural extraordinario.

Grandes transformaciones económicas se materializaron en la subida de la renta per cápita —un 60% entre 1874 y 1914—, el avance de la expansión industrial, y la construcción de líneas ferroviarias.

El país experimentó un proceso de transformación económica, modernización y aceleración industrial cuyos signos distintivos fueron el vapor, el carbón, las máquinas, la fábrica y el ferrocarril.

Los cambios económicos fueron lentos e ininterrumpidos durante todo el siglo XIX y parte del XX. Los distintos gobiernos desde 1833 impulsaron la liberalización de todos los sectores productivos y facilitaron la entrada de capitales e inversiones extranjeras, contribuyendo así al desarrollo de los negocios y a la expansión de una economía de mercado de signo capitalista.

Asimismo, el proceso de desamortización de tierras desarrollado por los liberales desde el poder provocó una alteración sustancial en la estructura de la propiedad agraria. Estos cambios económicos tuvieron profundas repercusiones demográficas, sociales, culturales y medioambientales. La Revolución Industrial también afectó a la vida cotidiana, los valores, los hábitos, las relaciones personales y las formas de ocio de millones de españoles.

Hijos de la moderna Revolución Industrial, como el ferrocarril, el tranvía o el telégrafo, modificaron los paisajes urbanos y las vidas de millones de personas.

Durante el periodo de la Restauración continuaron los cambios económicos como consecuencia de la introducción de innovaciones tecnológicas y del crecimiento ininterrumpido de la producción, el consumo, y las actividades comerciales. El ritmo de desarrollo industrial español también se intensificó y contribuyó al impulso de los negocios financieros y al aumento de los beneficios de las entidades bancarias.

En política se amplió el derecho al voto con el reconocimiento del sufragio universal y la consolidación de las libertades individuales. Las clases medias aumentaron y las ciudades experimentaron un crecimiento destacado.

El dinamismo social de la España de la Restauración se manifiesta en la intensidad de la movilización de ciudadanos, que comenzaron a agruparse con el propósito de alcanzar diferentes aspiraciones y reivindicaciones de carácter colectivo, mediante la creación y participación en sindicatos obreros, organizaciones patronales, asociaciones feministas, ligas de agricultores, cámaras de comerciantes, clubes deportivos y organizaciones recreativas o culturales. En el terreno farmacéutico, la proliferación de asociaciones y entidades de carácter médico-farmacéutico fue extraordinaria.

También se incrementó la secularización de la sociedad española, disminuyó la tasa de mortalidad, creció la esperanza de vida de la población, se aceleró la emigración desde el campo a los núcleos urbanos y se lograron mejoras sanitarias.

No obstante, y a pesar de los indudables logros, el proceso de modernización español también presentó desequilibrios, fallos, contradicciones y retrasos con respecto a otros países.

Por ejemplo, los fracasos fueron muy evidentes desde el punto de vista educativo. En 1900, el 65% de los españoles eran analfabetos (únicamente Rusia, Portugal y los países balcánicos superaban este porcentaje) y, en esa misma fecha, el dinero dedicado a la enseñanza pública por el Estado español era inferior al desembolsado para el mismo fin por el ayuntamiento de la ciudad de París. Entonces, el 35% de los niños españoles estudiaban en colegios católicos y la subvención económica estatal anual destinada al clero era cinco veces superior a los gastos educativos del Estado español.

Fue necesario esperar hasta 1901 para que por vez primera el ministro Romanones decidiera incluir los pagos de salarios a los maestros de escuela en los presupuestos del Estado, de manera que los gastos educativos pasaron del 1% al 4% del presupuesto público anual. A fines de siglo, solo había 18.000 alumnos universitarios en toda España y menos de 30.000 en secundaria.

Otro de los grandes problemas de la España de cambio de siglo estribó en la pésima situación de las comunicaciones interiores. Todavía en 1902 la mitad de los 9.000 pueblos de España permanecía incomunicados por carretera.

El sistema político monárquico de la Restauración fue liberal y representativo (pero sin democracia).

Sus objetivos fundamentales buscaron la tranquilidad social, consolidar la paz y evitar la repetición de las guerras, acabar con las sublevaciones militares, poner fin a las insurrecciones revolucionarias, impedir el triunfo del carlismo antiliberal, impulsar el desarrollo material e industrial y modernizar nuestro país para acercarlo a Europa.

La paz social se aseguró gracias a un sistema de turno de dos partidos, el conservador canovista, y el liberal formado por los antiguos progresistas. De esta forma quedó garantizada la estabilidad del sistema y de las libertades, erradicando los vaivenes políticos extremos y los violentos conflictos entre partidos, característicos de la historia española entre 1814 y 1874.

Antonio Cánovas del Castillo se hizo con el control de la situación política, asumiendo el gobierno. Logró que los generales alfonsinos aceptaran sus directrices y su liderazgo. Fue el verdadero creador del sistema político que funcionó durante toda la época de la Restauración.

Este malagueño era un destacado hombre de pensamiento, intelectual, periodista e historiador, y también un hombre de acción que siempre se interesó por las pugnas políticas.

Las características ideológicas más destacadas de su pensamiento político fueron el conservadurismo, la defensa de las libertades, la fidelidad a la institución monárquica, el rechazo a la democracia, el antiigualitarismo y el antisocialismo.

La Restauración buscó su apoyo sobre una monarquía como médula de la nación española, y elemento de unión de los distintos territorios peninsulares. A la vez, el gobierno de Cánovas intentó impedir los pronunciamientos militares y evitar la intervención de los generales en la vida política.

Por otra parte, Cánovas se mostró contrario al sufragio universal y pensaba que la democracia, como demostraba la experiencia del Sexenio, abriría inevitablemente las puertas a la revolución y a la anarquía social.

Del mismo modo, entendía que la diversidad y la desigualdad eran inevitables. Siempre declaró su implacable hostilidad frente a las ambiciones de las masas proletarias y frente a los revolucionarios marxistas y anarquistas, porque aquello que más valoraba Cánovas era la paz social, la propiedad privada, la familia y el catolicismo como medio de defensa contra el avance del socialismo.

No obstante, Cánovas era profundamente liberal y antiabsolutista: consideraba el carlismo obsoleto y una imprudente oposición a los tiempos modernos y a la tendencia que se imponía en los países europeos más avanzados.

Aunque estimaba la tradición, siempre estuvo dispuesto a facilitar las reformas y a efectuar los cambios necesarios para pasar de lo viejo a lo nuevo sucesiva, gradual y racionalmente, con el propósito de alcanzar un equilibrio entre los calores tradicionales y las novedades modernas.

También tenía un concepto utilitarista y funcional del catolicismo, pues la religión debía servir de freno social y de instrumento político para garantizar el orden y la subordinación de la clase trabajadora e impedir las revoluciones. De carácter pragmático, fue defensor del compromiso con los adversarios ideológicos.

Los ricos latifundistas y hombres de negocios burgueses, como banqueros y fabricantes, eran casi unánimemente antirrevolucionarios, antirrepublicanos, y antidemócratas, ya que habían contemplado alarmados cómo su predominio social, económico y político se tambaleaba durante el Sexenio. Además, rechazaban la revolución democrática por considerarla contraria a su mentalidad, a sus creencias tradicionales y a su concepción del mundo, basada en la defensa del catolicismo, la propiedad, la autoridad, la patria y la familia… La burguesía en general buscaba tranquilidad y orden para la buena marcha de sus negocios, mientras que los terratenientes reclamaban disciplina y un gobierno enérgico que garantizara la seguridad de sus propiedades.

Al sistema político creado por Antonio Cánovas del Castillo -cuyo funcionamiento se basaba en el poder compartido entre conservadores y liberales- se opusieron un conjunto de fuerzas y partidos políticos de muy diferente ideología entre los que se encontraban los republicanos, los carlistas, los nacionalistas catalanes, los peneuvistas, los socialistas del PSOE y los anarquistas.

Las actividades de todos estos grupos opositores el Régimen de la Restauración -que se aprovecharon de una amplísima libertad de prensa- resultaron en general poco efectivas durante bastantes años a causa del caciquismo y de la manipulación de los resultados electorales.

En cualquier caso, el golpe más duro que recibió el régimen de la Restauración fue la humillante derrota de 1898 en la guerra contra EE. UU. y la pérdida de los últimos territorios coloniales españoles en Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.

Una de las ideas más ambiciosas en el ámbito educativo fue la implantación de la enseñanza primaria pública gratuita y obligatoria para todos los niños de entre 6 y 9 años.

El Ministro moderado Claudio Moyano fue el impulsor en 1857 de esta ley educativa, cuya aplicación quedó frustrada porque el Estado carecía de recursos y se desentendió de los gastos de su financiación. La ley obligó a cada municipio a costear las escuelas y los resultados fueron muy decepcionantes: el 60% de la población infantil permanecía sin escolarizar en 1890, la mayoría de los niños escolarizados estaban en centros privados católicos y los maestros rurales cobraban siempre con retraso sus escasos salarios.

Uno de los problemas más extendidos en la España de aquellos años fue el caciquismo y la corrupción. La necesidad de control de las votaciones por parte de los dos tipos de gobierno, el conservador y el liberal, era bastante complicado y, para asegurar los resultados electorales deseados, resultó imprescindible la intervención de los caciques.

El entramado caciquil formaba una especie de tupida red piramidal jerarquizada, que perseguía el aumento de influencia y su predominio a través del reparto de favores personales entre individuos fieles y sumisos.

Los caciques controlaban las elecciones en los pueblos y municipios rurales donde ejercían su influencia, y conseguían garantizar de modo fraudulento los resultados fijados en el plan de los dos partidos turnantes.

Uno de los efectos más graves del caciquismo fue la corrupción. Fenómenos parecidos al caciquismo y al fraude electoral españoles se produjeron en Gran Bretaña —aunque a finales del siglo XVIII—, en Francia —a mediados del siglo XIX—, en Alemania —hasta los inicios del siglo XX— y también, y al mismo tiempo que en nuestro país, en Italia, Grecia, México y Portugal.

La formación de las primeras asociaciones de trabajadores se caracterizó por la persistencia del antimaquinismo, el aumento de la conflictividad laboral y el comienzo de las huelgas, por la apertura de periódicos obreristas y por la represión gubernamental contra la acción organizada de los trabajadores asalariados.

En 1839 se reconoció el derecho de los obreros industriales a crear mutualidades o sociedades de socorros mutuos, cuya exclusiva finalidad debía consistir en proporcionar a sus miembros pequeñas ayudas económicas en caso de accidente laboral, enfermedad, despido o fallecimiento.

Las tensiones entre empresarios y obreros aumentaron, ya que los patronos podían despedir libremente a sus asalariados, y los trabajadores carecían del derecho a formar sindicatos. Poco a poco las mutualidades obreras fueron centrando sus objetivos en impedir el descenso de los salarios y en conseguir el pleno derecho legal de asociación para la defensa de los intereses económicos de los trabajadores.

A pesar de que a lo largo de todo el siglo XIX la interrupción colectiva de la actividad laboral fue considerada un delito, las primeras grandes huelgas generales tuvieron lugar en 1854 y 1855 en Cataluña. También se produjeron revueltas espontáneas de carácter destructivo dirigidas contra la introducción de nuevas máquinas en el proceso de fabricación, por considerar que las nuevas tecnologías provocaban la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de los salarios.

A partir de 1868 la expansión del movimiento obrero en España experimentó un gran impulso gracias a la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores y del reconocimiento constitucional de la plena libertad de asociación sindical. Mientras tanto, los sectores conservadores y católicos españoles mostraron su temor ante estos cambios y reaccionaron defensivamente ante el avance de la Internacional.

El recrudecimiento de los enfrentamientos sociales y la radicalización de los distintos grupos políticos provocaron a principios del siglo XX en España y en toda Europa un aumento espectacular de la violencia a todos los niveles.

Los partidos y sindicatos proletarios hicieron uso de la violencia con propósitos insurreccionales y con la esperanza de conseguir la llegada de la revolución. Por otra parte, los sectores burgueses, las organizaciones patronales y la policía emplearon la fuerza como medio de autodefensa para garantizar el mantenimiento del orden.

En consecuencia, casi todos justificaron el uso de la fuerza y parecieron confiar en el recurso a métodos cada vez más violentos para hacer realidad sus aspiraciones ideológicas, salvaguardar sus valores sociales, alcanzar sus objetivos políticos o proteger sus diferentes intereses económicos.

El anarquismo trajo nuevas proclamas públicas, aprovechando las libertades abiertas por el gobierno liberal de Sagasta. Enmarcado en un movimiento libertario y ácrata internacional, el anarquismo desafió frontalmente el orden establecido con propuestas que iban desde la completa libertad individual, la eliminación del Estado, la supresión del dinero, el recurso a las huelgas, hasta el rechazo de la religión y la Iglesia o la confianza en la educación popular.

Algunos pequeños grupos de anarquistas exaltados recurrieron a los asesinatos de altos dirigentes políticos, personajes de la realeza, generales y empresarios como ariete de su lucha revolucionaria.

Una oleada de atentados recorrió Europa:  en 1894 el asesinato del presidente francés Sadi Carnot; en 1898, el de la emperatriz austríaca Isabel; en 1900, el del rey italiano Humberto I, y en 1901 el del presidente estadounidense William McKinley. En Rusia, los grupos terroristas clandestinos filoanarquistas y nihilistas asesinaron al zar Alejandro II, al primer ministro Stolypin, así como a gobernadores provinciales y consejeros reales.

La ola de atentados y asesinatos políticos en España llevó a la primera línea las actuaciones de pistoleros y dinamiteros anarquistas, que en Barcelona arrojaron una bomba en el patio de butacas del Liceo durante la representación de una ópera en 1893, o un explosivo durante una procesión religiosa en la capital catalana en 1896.

El propio Antonio Cánovas del Castillo, ideólogo y pilar del régimen de la Restauración, fue asesinado en 1897 a manos del ácrata Michelle Angiolillo. El político Antonio Maura fue herido de gravedad en 1904 como consecuencia de un ataque con un cuchillo de cocina perpetrado por el joven de 19 años Miguel Artal, y el atentado con bomba del libertario Mateo Morral a la comitiva real durante la boda de Alfonso XIII en 1906.

Otros episodios que marcaron la política española fueron los asesinatos de los jefes de gobierno, el de José Canalejas en noviembre de 1912, por disparos de un fanático anarquista en la madrileña Puerta del Sol, y el de Eduardo Dato, en 1921, a manos de tres anarquistas, cerca de la Puerta de Alcalá.

A pesar de que esta oleada de violencia corrió a cargo de pequeños grupos minoritarios, los propios líderes ácratas más respetados no consiguieron frenar a los miembros más extremistas y violentos, desesperados e impacientes.

El siglo XIX fue un siglo de revueltas, de revoluciones y de pronunciamientos militares. El modelo de Estados nación sustituyó al Antiguo Régimen, dando lugar a estructuras administrativas que fueron incorporándose a nuevos sistemas políticos y de representación.

El año 1898 está repleto de acontecimientos históricos. Entre todos ellos, los sucesos que llevaron a España a la cesión de los últimos territorios coloniales y a la posterior independencia de la isla de Cuba tuvieron lugar en un país deseoso de excitar los sentimientos patrióticos y de ganar prestigio en el escenario internacional. Los resultados fueron traumáticos para una sociedad que interpretó de forma especialmente negativa este capítulo de la historia.

Los guerrilleros separatistas ya habían comenzado en 1868 su insurrección al grito de “Cuba libre”. Estaban liderados por Carlos Manuel Céspedes, Máximo Gómez y Antonio Maceo.

Cuba era una de las pocas posesiones coloniales que aún conservaba España. Por aquellos años ocupaba la primera posición mundial en la producción de azúcar. Además, este territorio de ultramar destacaba como una isla moderna y muy desarrollada: la renta per cápita en Cuba era muy superior a la de la España peninsular, y fue uno de los primeros lugares del mundo donde se instalaron máquinas de vapor y tendidos telegráficos eléctricos. Incluso una línea de ferrocarril —La Habana-Güines— fue levantada diez años antes que en la Península, y cuando se abrió la primera línea española Barcelona-Mataró, en Cuba ya existían más de 900 km de vías férreas.

En 1875 el Gobierno envió refuerzos a la isla —25.000 soldados al mando del general Martínez Campos—, y tres años más tarde, gracias a una combinación de ofensiva militar y negociaciones, logró sofocar la insurrección de los guerrilleros independentistas.

En 1878¹ se puso fin a la guerra mediante un pacto firmado con los rebeldes cubanos, que recibió el nombre de “Paz de El Zanjón”. Como consecuencia de este acuerdo, el gobierno convirtió a Cuba en una provincia española —con derecho a elegir diputados en representación a las Cortes—, otorgó la libertad a los esclavos negros que habían peleado con cualquiera de los dos bandos y concedió un indulto colectivo para los independentistas.

Poco después se declaró la abolición de la esclavitud en Cuba. A lo largo de los diez años de duración del conflicto, combatieron en Cuba cerca de 225.000 soldados españoles y la cifra de muertos superó los 50.000.  La mayoría de ellos jóvenes e inexpertos, tuvieron que enfrentarse a armas más destructivas que las de fuego. La fiebre amarilla, conocida como el vómito negro, solía recogerse en los partes de comunicación de la muerte como “fallecimiento por vómito”. Otras patologías – disentería y paludismo– causaron estragos en el ejército español. La falta de higiene, la mala alimentación y los infecciosos prostíbulos de La Habana diezmaron un ejército que combatía a miles de kilómetros de su territorio².

La prensa de la época recoge la atención sanitaria que exigió el desplazamiento de miles de soldados a los territorios en conflicto y el tratamiento de enfermedades y heridas de guerra. Por ejemplo, la botica madrileña de Juan Luis Delgado Cea se especializó en la esterilización de material de cura, concretamente en una bolsa de curación individual que fue utilizada en la guerra de Cuba³.

En 1895 estalló una nueva insurrección armada independentista en Cuba. La isla hacía tiempo que había dejado de depender económicamente de España gracias al comercio directo de la producción azucarera cubana desde la isla. El comercio y transacciones se hacía en dólares o libras, siendo el principal importador de azúcar EE. UU.

Más de 200.000 soldados fueron transportados desde España hasta Cuba, sufriendo el Ejército español unos 5.000 muertos y 60.000 bajas por enfermedad.

El Gobierno de EE. UU intervino en el conflicto proporcionando material y armamento a los guerrilleros cubanos, una acción camuflada de ayuda a la liberación de Cuba que en realidad perseguía la obtención del dominio sobre la isla caribeña. Con anterioridad a la guerra, los americanos habían intentado en varias ocasiones comprar la isla como parte de su plan estratégico de dominio militar y naval sobre el mar Caribe y Centroamérica.

Bajo la excusa del estallido y hundimiento del navío de guerra norteamericano Maine, el gobierno de EE. UU acusó a los españoles de la explosión y les amenazó con la declaración de guerra si no abandonaban la isla de forma inmediata.

El Gobierno español respondió con la atrabiliaria actitud de sostenimiento de un conflicto armado que desde sus inicios se encaminaba hacia el desastre, debido a la desigualdad de fuerzas. Las presiones de la prensa española y de los sectores más intransigentes, como el Ejército, llevaron al gobierno a presentar combate a pesar de la inevitabilidad del desastre.

El Gobierno careció de coraje para afrontar la impopularidad de una retirada de Cuba y prefirió entrar en guerra con EE. UU, por temor a que el abandono de Cuba sin lucha desencadenara un golpe militar que pusiera fin al sistema liberal, o una revolución popular echara abajo la monarquía, o incluso se desatara una guerra civil. España careció de capacidad militar y fuerza económica para retener sus posesiones coloniales.

Las negociaciones que pusieron fin a la guerra llevaron al tratado de paz firmado en 1898 en París, por el que España cedió a EE. UU la isla de Puerto Rico —actualmente, un estado asociado en EE. UU—, el archipiélago de Filipinas —que logró su independencia en 1946—, y la isla de Guam en el océano Pacífico —todavía hoy perteneciente a EE. UU—.

Cuba logró en 1902 la independencia, aunque de hecho quedó bajo la protección estadounidense hasta mediados del siglo XX.

El tratamiento que recibió el problema colonial por parte de los diferentes gobiernos españoles fue desafortunado. Enmascarado en la vergüenza y humillación de hacer concesiones políticas o territoriales, se negó la posibilidad de reformas autonómicas para los territorios de ultramar, que podían haber cortocircuitado la aparición de los movimientos armados independentistas.

[i] Antonio Peñalver, Cehegineros muertos en la Guerra de Cuba (21 de marzo de 2017). Artículo de la revista online sobre Cehegín y la Región de Murcia La Panorámica [disponible en línea] [consultada en 28 de agosto de 2021] http://www.lapanoramica.es/historias-y-paisajes/cehegineros-muertos-en-la-guerra-de-cuba-antonio-penalver/.

[ii] Belén Rodrigo, La farmacia que trajo lo adelantos técnicos del extranjero y sigue preparando fórmulas magistrales (8 de julio de 2018). Web ABC [disponible en línea] [consultada en 23 de agosto de 2021]

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-farmacia-trajo-adelantos-tecnicos-extranjero-y-sigue-preparando-formulas-magistrales-201807080059_noticia.html.

La derrota del 98 estuvo a punto de provocar un golpe de Estado, encabezado por el general Camilo Polavieja, cuyo objetivo era el establecimiento de una dictadura militar. El golpe no se consumó por carecer del respaldo de la reina regente, María Cristina de Habsburgo.

Otros efectos destacados del desastre del 98 fueron el reforzamiento de los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, el avance de los partidos republicanos, y la aceleración de la crisis institucional del régimen de la Restauración. El conflicto también acarreó la pérdida de credibilidad de los dirigentes políticos ante la opinión pública, expandió el anticlericalismo e incrementó el desprestigio de los militares.

En general, el pueblo español vivió la derrota como un trauma colectivo, al ver desplomadas las pasadas fantasías sobre la gloriosa grandeza de la patria española y dejó paso a sentimientos de inferioridad, de desmoralización y de impotencia.

El desastre colonial fue la base sobre la que se gestó la corriente ideológica del Regeneracionismo, generadora de amargas y pesimistas reflexiones de los intelectuales y literatos de la llamada generación del 98.

España perdió todos sus territorios coloniales en una época en que la posesión de colonias y la expansión colonial se había convertido en la demostración superior de la grandeza y el poderío de un país.

Además, nuestro gobierno se apresuró a liquidar los últimos restos de nuestro imperio ultramarino con la venta al gobierno de Alemania de los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y las Palaos en el océano Pacífico, que de este modo también logró aprovecharse de la debilidad española.

En un contexto internacional como el del desastre español de 98, las grandes potencias industriales y militares continuaron compitiendo por el control de los mercados internacionales y por la posesión de nuevas colonias. Esta ansia de expansión solo podía satisfacerse arrebatando a los países más débiles como España o Portugal los restos de sus antiguos imperios coloniales que ya no eran capaces de defender. Lo mismo le ocurrió a Portugal, en el sur de África en 1890, e incluso a Francia en Fashoda, Sudán, en 1898.

Manuel Sastrón y Piñol (Monroyo, Teruel, 1845 – Madrid, 1911) fue un médico turolense que desempeñó cargos de gobierno en las Filipinas españolas del último periodo colonial previo a la independencia. También participó en la vida parlamentaria, significándose especialmente a favor de los profesionales de la sanidad protagonistas del cambio de siglo.

Cursó los estudios de Medicina y Cirugía, y fue miembro de la Academia Médico-Quirúrgica, y de los Colegios de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona.

Su tío, el farmacéutico y botánico José Pardo Sastrón (1822-1909), fue un botánico aragonés, muy conocido entre la profesión farmacéutica de la segunda mitad del siglo XIX y entre los naturalistas nacionales y extranjeros, por sus trabajos de catalogación de la flora de su comarca natal y su profundo conocimiento de las plantas medicinales.

Durante su estancia en Filipinas, Sastrón y Piñol fue nombrado catedrático interino de Fisiología e Higiene Pública y privada de la Universidad de Manila, cargo al que tuvo que renunciar por su quebrantada salud⁴.

Aceptó, sin embargo, el nombramiento de gobernador de Batangas y de otras tres provincias del archipiélago filipino. Ocupó la Intendencia General de Hacienda, lo que le permitió adquirir una experiencia y conocimientos que más tarde propiciaron su elección para dirigir los trabajos de la Comisión liquidadora de Hacienda en las citadas islas, una vez consumada su independencia. Fue autor de varias obras sobre el archipiélago de ultramar⁵.

El activismo político liberal de Manuel Sastrón y Piñol y su larga experiencia en la administración de ultramar le llevó a presentarse a las elecciones para el cargo de Diputado a Cortes por el distrito de Valderrores, Teruel. La formación y conocimientos sanitarios que le adornaban le convirtieron en idóneo representante de los intereses de las clases médicas y farmacéuticas de finales del siglo XIX⁶.

Tras su elección parlamentaria, el turolense destinó la mayor parte de su actividad política a la defensa y desarrollo de las profesiones relacionadas con la sanidad, convencido de la importancia de su labor en la sociedad y de su provecho para la humanidad.

Sastrón y Piñol se alineó en la defensa del colectivo farmacéutico civil de finales de siglo, llevando al Congreso las problemáticas que acuciaron a la profesión, como fueron el intrusismo⁷ o la obligación de sujeción a la ley por parte de las farmacias militares⁸, una cuestión que tardó décadas en resolverse⁹. Defendió la importancia de la correcta homologación de títulos de medicina¹⁰, el control e investigación sobre el origen de las epidemias y la creación de inspecciones sanitarias para combatirlas¹¹. Defendió la necesidad de reorganización del cuerpo médico forense y el aumento de sueldo para estos profesionales¹², así como para los médicos del cuerpo de sanidad de la Armada, en sus reclamaciones de gratificación e igualación con otros cuerpos¹³, o la asignación de pensiones para las viudas de aquellos médicos fallecidos como consecuencia de sus servicios durante las epidemias¹⁴.

Sastrón pidió al Gobierno apoyo para el microbiólogo Jaime Ferrán, en la investigación que estaba desarrollando en el laboratorio de Marsella sobre la epidemia de cólera, manifestando que el apoyo a este médico y a sus actividades eran imprescindibles para la ciencia y la humanidad¹⁵.

Su firme creencia en los valores sustentados en el desarrollo científico de las profesiones sanitarias y la necesidad de un firme apoyo de la administración a estos valores le granjearon el crédito y reconocimiento de instituciones y profesionales.